El subprocurador de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos, aseguró que la Iniciativa Mérida permitirá a México acceder a tecnología de punta e innovadora para el combate al narcotráfico.

En una entrevista radiofónica, el funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR) indicó que acceder a nueva tecnología permitirá al Estado igualar su capacidad a la que tienen las organizaciones criminales.

Abundó que la Iniciativa Mérida no es más que el reforzamiento de una estrategia que ha desarrollado la administración de Felipe Calderón Hinojosa contra los constantes golpes a organizaciones criminales y a sus estructuras económicas.

"Tenemos el decomiso más grande en la historia del mundo, tenemos el aseguramiento más grande de cocaína en la historia de México y tenemos el mayor número de detenciones de miembros de las organizaciones criminales", señaló.

El funcionario lamentó que por desconocimiento y "fantasmas totalmente inexistentes", muchas voces conciban la iniciativa de una forma totalmente ajena a lo que realmente representa, que es brindar seguridad ante el fenómeno de la delincuencia organizada.

Insistió en que este instrumento no atenta contra la soberanía nacional y nada tiene que ver con el Plan Colombia, cuyo gobierno de manera soberana permitió el ingreso a su territorio de asesores en materia policial y militar de otro país.

"En México afortunadamente nunca lo vamos a ver, se tomaron las medidas necesarias para combatir en su momento e impedir que estas organizaciones criminales rivalizarán con el Estado", subrayó.

Santiago Vasconcelos reiteró que no "existe ninguna necesidad de tener en México, asesores, ni militares, ni civiles, ni militares vestidos de civiles, como se ha querido mencionar, para la aplicación de está iniciativa".

Fustigó a quienes han adoptado actitudes "tan mezquinas y tan obtusas" para cuestionar el origen de los recursos que se destinarán a este proyecto, los cuales se obtendrán del presupuesto que el gobierno ocupa para enfrentar al crimen.

"En un fenómeno que requiere no solamente de siete mil millones, sino de toda la capacidad económica del Estado mexicano para garantizar a nuestros hijos y a nuestras familias una vida sana y en plenitud y en paz", recalcó.