ROMA.— Por primera vez en la historia de Italia, la inmigración indocumentada será considerada un delito penado con multas de entre cinco y diez mil euros, es decir, unos 14 mil dólares, de acuerdo con un proyecto de ley aprobado ayer por el Senado de manera definitiva.

Se trata de “una iniciativa fuerte para contrarrestar la emigración clandestina y para proteger a los ciudadanos en las grandes urbes”, sostuvo el ministro del Interior, Roberto Maroni.

La nueva disposición permite la “ronda’’ de civiles para que vigilen las ciudades durante las noches, lo cual estaba en manos exclusivamente de la policía, y prevé medidas más rígidas para los llamados “matrimonios de conveniencia’’ para una obtención más rápida de la ciudadanía italiana.

Los dos aspirantes a esposos deberán convivir por dos años.

Esa ley obligará a funcionarios públicos a denunciar a inmigrantes sin papeles que se encuentren en Italia. Se eximió de ello sólo a médicos que atiendan a los inmigrantes y directores de centros educativos, como también lo establecía la propuesta original.

El proyecto original incluía penas de cárcel, pero fueron eliminadas por el escándalo que provocó en el país y en Europa en general.

La iniciativa sobre seguridad presentada por el gobierno conservador de Silvio Berlusconi, rechazada por la oposición de centroizquierda y criticada también por el Vaticano, fue aprobada por 157 votos a favor, 124 en contra y tres abstenciones. Se trata de “una ley que traerá mucho dolor ’’, dijo el Vaticano a través del arzobispo Agostino Marchetto, secretario del dicasterio para migrantes.

“No tiene en cuenta uno de los derechos humanos fundamentales, el de la emigración’’, manifestó.

El Partido Democrático, el más importante de la oposición, consideró que la iniciativa atenta contra las normas establecidas en la Constitución. Con la ley se amplía hasta seis meses el tiempo de retención de los indocumentados, que hasta ahora era de 60 días.

Fija además una cuota de entre 80 y 200 euros (110 a 280 dólares) para aquellos que soliciten el permiso de trabajo, así como el pago de 200 euros en el caso de los inmigrantes que obtengan la nacionalidad italiana. Prevé también penas de entre seis meses y tres años de cárcel a quienes alquilen vivienda a indocumentados.

El proyecto establece medidas contra la mafia, como el endurecimiento de penas y la obligación de denunciar el pago del pizzo, impuesto mafioso. Los últimos informes s de fines de 2007 señalan que los extranjeros residentes en Italia eran casi tres millones.