El próximo domingo se espera que acudan a las urnas unos 23 millones de mexicanos, quienes emitirán el voto más caro del mundo, pues si se suma lo que reciben los partidos de prerrogativas, lo mucho que nos cuesta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la fortuna que pagamos por el elefante albino conocido como IFE, el resultado raya en lo escandaloso.

Si a lo anterior le agregamos lo que cuestan los órganos electorales de los estados y los ingresos de los partidos por las prerrogativas que tienen en cada entidad, la cosa ya tiene visos de locura, lo que se acentúa cuando nos enteramos de que por cada voto que se emita se habrán transmitido en radio y televisión unos 31 millones de anuncios o spots, como se les llama en perfecto espanglés.

La democracia cuesta, repiten los beneficiarios de este carnaval, que no conformes con los ingresos que reciben del Estado han aprobado una legislación electoral que permite el patrocinio privado, para que los partidos y los candidatos con más dinero tengan siempre ventaja sobre los que carecen de tales apoyos. Si hay decencia en nuestra clase política deben suprimirse de manera total las aportaciones privadas y sancionar a quien regala dinero y a quien lo recibe para fines político-electorales.

Esa misma legislación electoral nos privó a los ciudadanos del derecho a votar y ser votados sin pasar por la podredumbre de los partidos. En México no se puede llegar a las cámaras sin que sea un partido el que proponga al candidato y, por supuesto, le imponga condiciones, la primera de las cuales es no romper los pactos que existen entre los políticos profesionales para seguir ordeñando al Estado.

Sí, porque además de lo que gastamos en partidos, elecciones, ifes y trifes, el Congreso de la Unión y las cámaras locales nos cuestan otra fortuna, pues no son para nada despreciables los sueldos que cobran los padres de la patria, quienes, salvo excepción, forman un hato de analfabetos que sólo abandona su mansedumbre a la hora de sacar más dinero. Y vaya que lo sacan, en efectivo o en especie, mediante gastos de representación, compensaciones, seguro médico y de vida con firmas privadas, viajes, hoteles, comidas, gastos sin comprobación, vehículos del año, choferes, secretarias, ayudantes, ujieres y guaruras que pagamos los contribuyentes.

Por eso cabe exigir que se establezca que el sueldo de un senador y de un diputado federal o local debe ser igual al promedio de ingreso de los últimos tres años, lo que debe calcularse mediante las declaraciones fiscales, en las que deben estar al corriente.

Un máximo de 50 salarios mínimos como sueldo de los asambleístas, diputados y senadores y la supresión de otros ingresos por cuenta de las instituciones desalentaría la codicia de quienes hoy buscan cargos públicos pensando en adquirir una minita de oro para los siguientes tres o seis años. Los mismos topes deben imponerse en la gestión pública dentro del Poder Ejecutivo Federal y en los estados y los municipios.

Los políticos se llenan la boca diciendo que son “servidores públicos”. Exijamos que verdaderamente lo sean. Ante la perspectiva de ingresos menos escandalosos, seguramente disminuirá el número de aspirantes y se propiciará que lleguen los que de verdad tengan afán de servicio, que los hay y muy calificados.

Limitar la propaganda a tres debates en radio y televisión entre los partidos y a otros tantos entre los candidatos es más que suficiente, habida cuenta de que carecen de ideas y si las tienen hasta ahora nos las han escamoteado, lo que significa que no las consideran necesarias para ganar el voto de los ciudadanos.

Habrá que promover la disminución del número de diputados a no más de 150 y de senadores a 64, dos por entidad federativa sin “senadores de partido”, además de que tendrá que recortarse el número de diputados locales, suprimirse el IFE y dejar para el servicio electoral profesional a no más de una docena de personas, apenas los encargados del mantenimiento de las sedes, si es que debe haber sedes permanentes. Desde luego, hay que suprimir el carácter permanente de los consejeros, quienes actúan como representantes de uno u otro partido y enemigos de los ciudadanos. Otro candidato a la extinción es el TEPJF, pues sus funciones bien pueden asumirlas los tribunales ordinarios.

En resumen, si hemos de votar, que sea por candidatos conocidos que impulsen planteamientos como los citados, hombres y mujeres con probada independencia de criterio, incapaces de doblarse ante los amagos del dinero o del poder. Lamentablemente hay pocas Guadalupes Loaeza o Ana Gabrielas Guevara, menos todavía Jaimes Cárdenas o Bernardos Bátiz, personas conocidas y de probada calidad moral. Pero son pocos los conocidos y de la inmensa mayoría nada bueno se conoce. Esa es la desgracia.

En los distritos, las delegaciones, los municipios y los estados donde los candidatos son unos ilustres desconocidos, lo que procede es ir a la casilla y no dejar las boletas en blanco, sino tacharlas, anularlas.

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