Daniel Karam, director del IMSS, llega a mi ciudad natal, Hermosillo, y declara que “la última evaluación que se hizo a esta guardería fue el 26 de mayo, y se cumplió con todos los requisitos (…) de acuerdo con la documentación de la delegación del IMSS en Sonora, se cumplieron todos los requisitos y precondiciones en materia de seguridad”. Para cuando hizo esta declaración, habían muerto aproximadamente 30 niños de entre 11 meses y cuatro años, víctimas de un incendio en la guardería ABC, subrogada al Seguro. A la hora de escribir estas líneas, la cuenta fatal es de 41 infantes y las autoridades médicas estiman que la cifra aumente.

¿Qué hubiera dicho Karam si uno de los niños con 80% de su cuerpo con quemaduras de tercer grado hubiera sido un hijo? ¿Qué hubiera explicado si al ver el cuerpecito torturado de su pequeño hubiera pedido a gritos a Dios que se lo llevara, como me tocó escuchar en un hospital? ¿Se habría apresurado a justificar a su institución de haber perdido a sus dos únicos hijos, como la diligente asistente de uno de mis mejores amigos? Pero son los hijos de los otros, lejanos, sin nombre ni rostro conocidos.

Si, como dice el funcionario, se cumplieron todas las normas, entonces este incendio probaría que las normas están mal y habría que cerrar las guarderías, especialmente las que están en climas extremos. Pero por la larga experiencia en el manejo de las mismas, lo más probable es que las normas estén bien y que éstas no se hayan cumplido al pie de la letra. Como lo ha documentado Excélsior, la Norma Oficial Mexicana 167-1997, párrafo 5.6.3.11 dice a la letra que en instalaciones para el cuidado de menores “En muros, no utilizar materiales inflamables o que produzcan gases y humos tóxicos”, pero resulta que varios muros y el techo de la guardería estaban recubiertos de poliuretano espreado, material altamente inflamable que se utiliza como aislante de ruidos y temperatura. En el instructivo de uso de este material, se recomienda que no se use en interiores en lugares cerrados pues emite un gas, el isobutano y que no se instale en lugares con niños. Para el caso de su aplicación en exteriores, como parece que fue el caso en la guardería, el instructivo advierte que en temperaturas superiores a los 50 grados se puede incendiar. Seguramente el lector recuerda que en Hermosillo el termómetro alcanza en el verano 45 y hasta 46 grados a la sombra, a la intemperie la temperatura sube más ¿Advirtió el IMSS este peligro?

Fue este material el que se derritió e incendió después el poliestireno expandido del plafón, que cayó como lluvia de fuego sobre los pequeños. ¿Por qué lo permitió el IMSS? Firmas de ingeniería especialistas en riesgos no recomiendan la aplicación de poliuretano por el peligro de fuego. Un estudio que compara la aplicación de este material en instalaciones con o sin rociadores de agua, dice que estos últimos son indiferentes y el riesgo de una pérdida de 100% a causa del fuego es grande, por la presencia del poliuretano. ¿Sabía esto el Seguro Social?

En el momento del incendio aparentemente se encontraban 142 pequeños y sólo siete asistentes, es decir, un promedio de 20 menores, incluidos lactantes, por asistente. Las buenas prácticas en materia de cuidado de menores recomiendan una asistente por cada ocho niños, proporción que aumenta para lactantes. ¿Sancionó el IMSS el escaso número de asistentes?

La misma norma mencionada anteriormente exige un patio al aire libre para instalaciones de asistencia social a menores. Pero la nave industrial que se adaptó como guardería tampoco contaba con éste, lo que hubiera significado una salida más. Como ya se documentó por los medios, un vecino hizo tres huecos en las paredes al impactar deliberadamente su vehículo, para facilitar la entrada de socorristas. ¿Es adecuado utilizar las instalaciones de una nave industrial para una guardería? Me temo que no y los dueños de la guardería, que sólo salieron al frente una vez que la prensa localizó sus nombres en el Registro Público de la Propiedad, no hubieran mandado a sus pequeños a ser cuidados en su negocio. No hablo de corrupción explícita, no creo que se haya pagado por acallar a algún inspector, hablo de cierta corrupción moral que acepta, para los otros, estándares que no se aceptan para la familia propia. La única manera de que no sea inútil el dolor que enluta a mi ciudad es la de investigar con el mayor rigor posible la cadena de descuidos y errores que ocasionó esta tragedia, así como la revisión de las normas para el cuidado de menores. Y la única manera de lograr esto es acabar con el “yo no tuve la culpa”. ¿Tuvo culpa el IMSS?, ¿los dueños que se conformaron con estándares dudosos?, ¿ el Ayuntamiento que tiene normas de poca calidad en el uso de suelo o no respeta las que tiene?, ¿la empresa de construcción que hizo la adaptación del edificio? Exijo una respuesta pronta y rigurosa a estas interrogantes.

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