Durante los videoescándalos de 2004, los mexicanos vimos lo que podría considerarse el “talón de Aquiles” de nuestra democracia. Un empresario, Carlos Ahumada, entregaba dinero en efectivo a René Bejarano, operador político de Andrés Manuel López Obrador. En el video, exhibido en cadena nacional, Bejarano primero llenó un maletín con billetes y luego se metió fajos sobrantes en los bolsillos.

Según las declaraciones de Bejarano, era un donativo para las campañas electorales en el Distrito Federal. La principal sospecha fue que se trataba de un típico caso de compra de influencias. Un empresario hacía donaciones a cambio de un trato favorable en el otorgamiento de jugosos contratos con el Gobierno del DF.

No obstante, el desenlace de la historia fue otro. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) mandó el caso a la reserva, por falta de pruebas. La PGR presentó cargos por lavado de dinero. Bejarano fue sometido a un juicio de desafuero, lo cual le costó su cargo como diputado de la Asamblea Legislativa del DF. Pasó ocho meses en la cárcel y finalmente salió bajo fianza en julio de 2007.

El caso de Bejarano es un referente relevante a la luz de la actual discusión en torno al blindaje de las elecciones contra la infiltración del dinero del crimen organizado. Ponga usted a un representante de un cártel del narcotráfico en lugar del señor Carlos Ahumada y tendrá una imagen precisa del problema. En vez de maletines de dinero para asegurar contratos de obra pública, a lo que podemos enfrentarnos es a la compra de influencia y protección para organizaciones del crimen organizado a través de donaciones ilícitas a campañas electorales de presidentes de municipio, diputados locales, federales y gobernadores.

Desde luego, la infiltración del dinero ilícito a las elecciones constituye una amenaza a la seguridad nacional. Sin embargo, convendría ponerlo en su adecuada dimensión. Al hacerlo, habría que darle crédito a la reforma electoral de 2007. Una forma de contener la influencia del dinero sucio es limitando lo que puedes comprar con él, especialmente sin ser detectado. En el pasado, la principal tentación de los maletines de dinero en efectivo era la compra de spots en radio y televisión. Lo más que las autoridades electorales, como el IFE, podían hacer, era monitorear una muestra y sancionar a los partidos políticos por los promocionales no reportados.

Con la reforma electoral de 2007, el mercado de spots político-electorales ha desaparecido. Los partidos y los candidatos tienen prohibida la compra de tiempos en radio y televisión. Sólo pueden promocionarse en tiempos oficiales administrados por el IFE. El riesgo de que se desarrolle un mercado negro de spots político-electorales es bastante bajo. Los partidos políticos y los candidatos tienen pocos incentivos para participar como compradores, dado que cuentan con los tiempos oficiales. Asimismo, la probabilidad de detección es bastante alta. El IFE va a utilizar un sistema de monitoreo que servirá para inhibir y sancionar los spots ilegales.

El riesgo más alto en las elecciones de 2009 tiene que ver con el uso de los maletines de dinero en efectivo para financiar lo que se llama “campañas de tierra”: brigadas de promoción del voto, mítines, camisetas, gorras, espectaculares, etcétera. La mala noticia es que se trata de gastos de campaña sumamente difíciles de fiscalizar. El problema de fondo aquí radica en el alto grado de informalidad que prevalece en la economía mexicana. Un porcentaje sumamente alto de transacciones se realizan en efectivo y jamás son reportadas al fisco.

¿Qué puede hacer el IFE para contener la infiltración del dinero ilegal en los comicios? Desde mi punto de vista sólo tiene dos opciones. En primer lugar, afinar sus instrumentos de fiscalización de los ingresos y los gastos de los partidos. Aquí la política debe dirigirse a promover la total bancarización de las transacciones y obligar a los partidos a respaldar todos sus gastos con comprobantes fiscales.

Sin embargo, hay que reconocer que el principal problema no está en los ingresos y los gastos reportados por los partidos en sus informes al Instituto Federal Electoral. Debido a los topes de gastos de campañas y las restricciones al financiamiento privado, candidatos y partidos tienen un fuerte incentivo para subreportar. La fiscalización de gabinete difícilmente servirá con el fin de detectar el flujo de dinero ilícito a las campañas, pero en algo puede ayudar.

Aquí es donde la segunda opción cobra relevancia. Dado que el IFE carece de la autoridad y de los instrumentos para seguir a fondo las investigaciones en materia de lavado de dinero o evasión de impuestos, lo que debe hacer es coordinarse con otras instituciones del Estado mexicano. En los informes de los partidos y en las quejas presentadas ante el IFE se genera información valiosa. Con ella, el Estado puede desarrollar la capacidad de rastrear el origen de los maletines de dinero en efectivo, sin que necesite esperar a que aparezcan en televisión.

* Consejero electoral del IFE

Con la reforma electoral de 2007, el mercado de spots político-electorales ha desaparecido. Los partidos y los candidatos tienen prohibida la compra de tiempos en radio y televisión.