Como lo dijimos ayer, una vez que las autoridades sonorenses no fueron capaces de entregar un solo resultado de las averiguaciones de lo ocurrido en la guardería ABC en Hermosillo, la Procuraduría General de la República tomó el caso y ya giró órdenes de aprehensión contra nueve personas que se perfilan como responsables de lo ocurrido. Se trata de dueños y socios de la guardería: Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, Sandra Lucía Téllez Nieves, Antonio Salido, Gildardo Urquides Serrano, María Fernanda Camou Guillot y Norma Cecilia Mendoza Bermúdez de Matiella, quien arrendó el predio donde murieron de inicio 42 niños; José Manuel Matiella Urquides, apoderado legal de la guardería; Marcelo Meouchi, el ex apoderado legal, y Arturo Leyva Lizárraga, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora.

Como se ventiló desde los primeros días, Altagracia Gómez del Campo está ligada, aunque de manera lejana, con la familia de Margarita Zavala y, justo es ella la única a quien no se le puede detener porque se encuentra fuera del país.

Han sido pocos los días transcurridos, desde que la PGR tomó el caso, cuando se anuncian las detenciones que, aunque no todas, sí son un paso enorme para iniciar el proceso de todos los responsables de lo ocurrido. Y es que hablamos de una tragedia que denota las redes de corrupción inmersas en los más altos niveles de poder. Una corrupción pura, sin nada que ver con el narcotráfico, al menos no una droga fabricada por laboratorios clandestinos o sembrada en parcelas en el corazón de las sierras, sino de la favorita del género humano: el poder. Esa idea de poder hacerlo todo por el simple hecho de saberse en un puesto que lo permite casi todo. Influencias y tráfico que nunca terminan.

La guardería ABC es un símbolo claro de esa corrupción que hizo al gobierno de Sonora quedarse estático y que intentara mover un par de piezas “hábiles”, para quedarse con los derechos de las investigaciones y, así, pagar un duelo y sanar las culpas, porque nada nos aseguraba que la investigación iba a llevarse a cabo y, de realizarse, que iba a tener un final.

Eduardo Medina-Mora cumplió el mandato del Presidente y al menos ya hay nueve nombres y una investigación que se está iniciando. También hay una opinión pública furiosa y atenta, y exige que por primera vez se le demuestre que en verdad nadie está por encima de la ley, que no hay apellidos, lazos o amistades de por medio que se lleven entre los pies el adolorido sistema de justicia del país.

Y es que, aunque parezca ridículo, no es sino hasta casi un mes de lo ocurrido cuando, de manera oficial y hasta que la PGR toma el caso, escuchamos a las autoridades decir que las instalaciones de la guardería y las bodegas acondicionadas como tales no cumplían con las condiciones necesarias, establecidas en normas federales y locales, ni en seguridad industrial y, evidentemente, mucho menos en protección civil. Vamos, según el dictamen que dio a conocer el procurador, no había siquiera extintores necesarios para un inmueble de esas dimensiones. Así de mal estaba la guardería ABC y así de mal se hicieron las inspecciones que aprobaron su funcionamiento.

A la par, el Senado de la República informó que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Karam, será llamado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que dé cuentas de hasta qué grado el IMSS es responsable de lo ocurrido, qué tanta participación tuvo la delegación estatal de su institución para que las condiciones de la guardería no cumplieran ni las normas básicas de seguridad y funcionara sin salidas de emergencia.

Este es un primer paso, con muchos días de atraso, pero al menos se dio lo que todos esperábamos: nombres y apellidos de quienes ahora tienen la vida de 48 pequeños en su espalda.

Medina-Mora cumplió el mandato del Presidente y al menos ya hay nueve nombres y una investigación que se está iniciando.