Casi un mes después de lo ocurrido en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, seguimos en las mismas, los niños que perdieron la vida a causa del incendio suman ya 48 y los responsables sólo hacen acto de aparición en los discursos de los funcionarios que advierten con su tono estudiado que “llegarán a las últimas consecuencias”, pero como sujetos sin nombre, lo mismo que han dicho desde el día de la tragedia.

Y es que, desde el 5 de junio, de inmediato salió información sobre probables responsables. Aunque las investigaciones apuntan a un corto circuito como causa del incendio, lo que nos ocupa es esa ola de corrupción que permitió que una bodega cubierta con polietileno fungiera como guardería y, sobre todo, que pasara las normas de inspección para ese tipo de inmuebles.

Comenzaron a sonar nombres, que iban desde familiares (aunque parientes lejanos) de Margarita Zavala, la esposa del Presidente, a Eduardo Bours, el actual gobernador sonorense. A los pocos días se supo que uno de los socios de la guardería ABC era José Manuel Matiella Urquides quien es padre de Gildardo Urquides Serrano, ex secretario de Finanzas del PRI de Sonora y que también es primo hermano del candidato del PRI al gobierno del estado, Alfonso Elías Serrano. Nada más...

Felipe Calderón anunció que las investigaciones deben dar como resultado la aprehensión de quienes sean responsables, sin importar de quienes se trate: “Caiga quien caiga, se tope donde se tope, porque estoy convencido de que los responsables de esta tragedia deben ser llevados a la justicia y sin distingos de ningún tipo, de relaciones políticas, de parentescos, de filiaciones partidistas”. Nada fuera de lugar, aunque sí un discurso bastante predecible, líneas conocidas y repetidas que quedan como señal de entendimiento y se van con el tiempo. Tenemos un archivo gordo de casos sin resolver.

Pero lo que sí estuvo fuera de lugar fue la propuesta que lanzó el gobernador del estado, quien ya ofreció un millón 400 mil pesos a las familias que hayan perdido a uno de sus integrantes en el incendio, pero sólo si ceden los derechos de la demanda al gobierno estatal.

O sea que, según Bours, las familias recibirán una indemnización más lo que se obtenga del resultado de las investigaciones, que no serían llevadas de manera particular, sino que el mismo gobierno de la entidad sería el encargado de demandarse casi a sí mismo para dar con los responsables.

Y es que si algo se le sumó al gobernador, además de la tragedia, fueron las críticas surgidas a raíz de su actitud. Su pasividad sólo le permitió decir las líneas que todo el tiempo escuchamos y de ahí que Germán Martínez, dirigente nacional del PAN, lo tache de arrogante. La propuesta del gobernador Bours llega después de que la Procuraduría General de la República atrajo la investigación. Tres semanas después de lo ocurrido, no hubo avance, nombres, nada que hiciera pensar que la Procuraduría de Justicia de Sonora tenía al menos un rumbo para la averiguación.

El gobierno de Bours busca con ese casi millón y medio de pesos pagar la deuda que su régimen hoy tiene con las familias de los niños fallecidos y con una sociedad que el domingo próximo irá a las urnas. No de gratis el mandatario dijo que presentará varias iniciativas de ley cuyo objetivo consiste en endurecer los castigos para los responsables de hechos parecidos a lo ocurrido en la guardería ABC.

Además propuso una reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para que quien no cumpla con sus funciones sea retirado definitivamente del cargo en lugar de sólo inhabilitarlo.

Propuestas que llegan de la mano de las elecciones y de un gobernador que muy a su manera intenta aprovechar la oportunidad para así pretender que, aunque sea una tragedia, todos ganan, como si la vida de alguno de esos niños tuviera un valor asignado.

Propuestas que llegan de la mano de las elecciones y de un mandatario que intenta aprovechar la oportunidad.