Las elecciones federales del próximo domingo no serán muy diferentes a las de 2003, por lo menos en sus resultados (siguen siendo más interesantes los comicios estatales, con la virtual confirmación de que el PRI se quedará con Nuevo León y el PAN va a ganar por primera vez Sonora), pero lo que sí mostrarán será el deterioro del sistema electoral como consecuencia de la reforma aprobada hace dos años.

No deja de ser preocupante que, para empezar, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís, estime que el abstencionismo pueda llegar a 70% de los electores potenciales. Resulta una cifra demasiado alta para una democracia que, como porcentaje del PIB es, sin duda, una de las más caras del mundo, no sólo por el costo de instituciones como el IFE y el TEPJF sino también debido al financiamiento directo e indirecto a los partidos. Pero resulta más preocupante aún que el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, asegure que no hay que detenerse en el porcentaje de abstencionismo, sino en los números totales, y que 30 millones de votantes no están nada mal para una elección intermedia. Efectivamente, 30 millones podrán parecer muchos, pero esa percepción disminuye en forma dramática cuando vemos que en la lista nominal figuran 77 millones de electores potenciales.

Han declarado también los consejeros del IFE su satisfacción porque aseguran que en estos comicios no hay “ni rastro” del dinero del narco y que la elección en ese sentido se encuentra “blindada”. ¿Están seguros? Porque la declaración se da el mismo día en que era detenido el presidente municipal del puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, además de otros funcionarios del gobierno estatal, con lo que los aprehendidos por la operación realizada en esa entidad a causa de las relaciones de dichos funcionarios con el cártel de La Familia, alcanza ya un número altísimo: son ya 32 y todo indica que la limpieza no ha terminado. La mitad de los detenidos son presidentes municipales, ¿alguna autoridad electoral detectó hace dos años en sus campañas que habían sido comprados por el narcotráfico?, ¿cómo pueden estar tan seguros si un seguimiento de cada una de las candidaturas en cada uno de los distritos electorales es literalmente imposible? Es más, ¿cómo pueden estarlo cuando hay candidatos investigados por las autoridades precisamente debido a sus presuntas relaciones con el narcotráfico, sobre todo en Michoacán y Chihuahua?

Al mismo tiempo, el IFE decidió prohibir la difusión de publicidad de revistas en medios electrónicos porque, dicen, puede ser utilizada para publicitar a candidatos o partidos. El único problema es que, en la ya larga carrera prohibicionista que ha lanzado el IFE, con el aval de los partidos que a su vez utilizan todos los resquicios legales para violar la ley que ellos mismos establecieron, me parece que una vez más la autoridad electoral no tiene atribuciones para determinar esa prohibición. ¿Cuánto tardarán los partidos en comprender que no se puede hablar de un verdadero sistema democrático con limitaciones tan evidentes a la libertad de expresión?, ¿cuándo terminarán de comprender que ellos mismos aprobaron una ley que no pueden ni quieren hacer cumplir y, por lo tanto, han buscado todas las formas posibles para violarla? El tema es indefendible y ha puesto al IFE en una situación que en ocasiones linda con lo ridículo, pues trata de prohibir en todo lo posible los mecanismos de difusión sobre los que no tiene control.

Algunos legisladores y especialistas nos han dicho que no se quiere aceptar que electoralmente hemos transitado de un modelo al estilo estadunidense a uno europeo. No es verdad, nos hemos quedado con un híbrido que tiene algunos aciertos pero incluye también lo peor de los dos sistemas. Contamos con una estructura de publicidad electoral basada en spots (23 millones, una cantidad estratosférica), como el estadunidense, pero que lo financia el Estado y está prohibido para todo aquel que no sea dirigente de un partido político. En el sistema europeo tradicional, simplemente no hay spots, aunque eso se está abandonando en forma paulatina en casi todas las democracias del Viejo Continente. Pero tanto en Europa como en Estados Unidos los que pagan por esa publicidad no son los contribuyentes sino los partidos. Mucho menos está prohibida la expresión de los ciudadanos y de las organizaciones sociales: al contrario, es quizá la opinión que más se valora. Nosotros en ese sentido estamos en el peor de los mundos posibles.

Ya en la Cámara de Senadores se está analizando la reforma de la reforma porque ésta no ha cumplido exitosamente con ninguna de sus principales expectativas, entre otras razones porque la cultura y la práctica política de los partidos no se han adaptado a lo que aprobaron hace dos años. Lo que sí han conseguido es alejar cada vez más a la ciudadanía de las urnas: la del domingo será la elección federal con mayor abstencionismo en la historia reciente del país.

Locuras michoacanas

Luego de que el gobernador Leonel Godoy anunció que buscaría iniciar acciones penales contra funcionarios de la PGR porque, según él, filtraron información difamatoria sobre su persona, pues se publicó que uno de sus hermanos, y él mismo, estaban siendo investigados. Ahora es el Congreso el que ha iniciado una acción legal contra Ricardo González Sada, presidente de la Coparmex, sintiéndose, ellos también, difamados porque el dirigente empresarial, en una visita a Morelia, habló de las investigaciones sobre la penetración del narcotráfico en la entidad, entre autoridades, presidentes municipales y legisladores, un hecho a todas luces evidente, con el testimonio de 32 detenidos por su vinculación con el crimen organizado. ¿Se disculparán alguna vez con la ciudadanía?

Los senadores analizan la reforma de la reforma porque no ha cumplido con ninguna de sus principales expectativas.