Después de varios días de dar vueltas a las propuestas de no ir a votar, anular la boleta electoral o sufragar por los candidatos menos malos el 5 de julio, por fin me di cuenta de lo que está sucediendo: Es una trampa, y en ella hemos caído 77.5 millones de mexicanos.

Por el simple hecho de estar en la lista nominal de votantes, nos hemos vuelto justificadores involuntarios del gran negocio en que los partidos han convertido la competencia democrática.

Hace años, cuando luchábamos por hacer que el voto valiera, pensábamos erróneamente que los principales problemas del país se resolverían mágicamente cuando alcanzáramos esa meta.

Al final, ganamos y se volvió realidad la premisa un ciudadano, un voto. Pero después abandonamos la escena democrática, confiados en que ya habíamos hecho la tarea. Hoy sabemos que eso fue un grave error.

La democracia tiene decepcionados a muchos mexicanos. Entre ellos, a varios millones de jóvenes que no supieron lo que costó conseguirla.

La decepción reside en que la democracia no llegó aparejada de un nuevo proyecto de país ni resolvió nuestros problemas más graves; y en que se ha caracterizado, al menos en lo que toca a nuestra fallida clase política, en repartir entre varios partidos las posiciones y canonjías que antes recaían en uno solo.

Entonces, si usted no sabe qué hacer en la próxima jornada electoral, no se quiebre la cabeza: de las tres acciones que menciono arriba —abstención, anulación o resignación— ninguna podrá, por sí sola, desatar el nudo gordiano que amarra este sistema de complicidades.

Igual que sucedía con el nudo que mantenía unido el ganado de Gordias, la única forma de deshacerlo es cortando las cuerdas.

Ya nos lo advirtió, entre otros, el presidente de la Cámara de Diputados, César Duarte Jáquez: hagamos lo que hagamos, pase lo que pase, habrá una nueva Legislatura el próximo 1 de septiembre. Es una lógica cínica, pero, por lo mismo, resulta verdad.

Aunque entiendo el razonamiento que hay detrás de la campaña para anular el voto —apostar por la democracia, al tiempo que se rechaza a los partidos—, temo que esa acción no haga más que reforzar el conjunto de reglas del que actualmente se benefician los políticos.

¿Por qué? Porque el llamado voto blanco servirá para engrosar la participación en la elección, con lo que los partidos y el IFE podrán decir que vencieron al abstencionismo. Al mismo tiempo, esos votos de rechazo —que estadísticamente se mezclarán con cientos de miles de sufragios anulados por diversas causas— no contarán a la hora de asignar los porcentajes de votación de cada partido.

Por otro lado, ¿sirve de algo no ir a votar?

A quienes se abstengan para protestar por la falta de oferta de los partidos políticos no habrá manera de distinguirlos de quienes no fueron a las urnas porque les dio flojera, salieron de viaje, no se enteraron de que hubo votaciones o perdieron la credencial de elector…

Hay un solo aspecto que me parece rescatable de esta última propuesta: no engrosar el número de votos que sirve para repartir las prerrogativas entre los partidos.

No perdamos de vista que si el 5 de julio no asisten a las urnas al menos 32 millones 294 mil 443 electores, estaremos ante el mayor abstencionismo registrado desde que existen cifras más o menos confiables sobre el voto de los mexicanos (1994). Sería una humillación bien ganada.

Sin embargo, no ir a votar es un desperdicio de recursos nuestros recursos— en papelería, salarios y servicios que proporcionan el IFE y los institutos electorales estatales, y, como me hace ver un estimado amigo, un desaire para los ciudadanos que, tras de haber sido insaculados, tomaron los cursos de capacitación y serán funcionarios de casilla ese domingo.

En estas condiciones, el voto es una trampa porque si no vamos a las urnas nos llamarán irresponsables y carentes de civismo, y se nos dirá que no tendremos derecho de opinar sobre los temas de interés público que pasen por la Cámara de Diputados.

Pero si vamos a votar, estaremos ayudando a los políticos a que accedan a los cargos en juego y sigan avanzado en sus carreras, cosa que les interesa sobre cualquier otra; y ya sabemos que a la hora de tomar decisiones no nos consultarán ni nos tomarán en cuenta, pues ellos responden a la dirigencia de su partido y a su propio interés.

Como sentencia el dicho estadunidense, uno se condena si lo hace y lo mismo pasa si no.

También pienso mucho en los argumentos de quienes afirman que la democracia es imperfecta por naturaleza, y que por eso mismo es necesario participar en este momento clave, como son las elecciones, y votar por alguna de las opciones que vienen en la boleta, así sea la menos mala.

Yo me resisto a creer que podamos cambiar este sistema de complicidades sólo yendo a votar cada tres años.

Se trata de un sistema que está basado en elegir supuestos representantes para después dejarles toda la escena. Como no hay reelección inmediata, la posibilidad de llamarlos a cuentas es muy limitada.

Y es un sistema en que los dueños del club —antes lo era sólo el PRI, pero ahora éste cuenta con varios socios— apuestan a la desmemoria de los ciudadanos. Por eso ahora vemos en los carteles de campaña a personajes reciclados, realmente chafas, algunos de los cuales tienen la desfachatez de haber pasado ya por dos partidos políticos o más, como Demetrio Sodi.

Por eso, hagamos lo que hagamos el próximo 5 de julio, las cosas no cambiarán si nos limitamos a abstenernos, votar en blanco o resignarnos con lo que hay.

Para cambiar, hace falta algo más, una nueva causa ciudadana que sacuda algo del cinismo en que ha caído la política y, entre otras cosas, haga realidad la rendición de cuentas de nuestros representantes.

Sólo así podremos darle sentido a este verano del descontento que ya tenemos casi encima.

Señor director:

Es incomprensible la manera en que actúan las autoridades del gobierno del DF. Algunas de sus decisiones parecen encaminadas a conseguir una absurda cuota de popularidad y efectuadas con carencia de sentido común, solo consiguen el repudio de una buena parte de los ciudadanos.

Tal es el caso del virtual estado de sitio en el que han colocado a muchos habitantes de las delegaciones Iztapalapa y Benito Juárez, por el autoritario capricho de llevar a cabo las necesarias obras de la Línea 12 del Metro y las del Circuito Bicentenario, de manera simultánea, por lo que han cerrado todos los accesos y desviado la circulación de tres vías tan importantes como la Calzada Ermita Iztapalapa, Río Churubusco y Andrés Molina Enríquez, por una vía secundaria como es la Ave. Unidad Modelo, que no tiene la capacidad para recibir el aforo de las otras tres.

Además, aquí algunos vecinos acostumbran estacionarse de ambos lados del camellón, principalmente durante la celebración de las misas de una iglesia cercana, lo que reduce la capacidad de tránsito a un carril. Esto nunca antes había significado un problema, pero ahora, con el tráfico de vehículos multiplicado, se convierte en un terrible nudo productor de contaminación y de peligro para los peatones, sin que exista alguna autoridad (¿qué será eso?) que impida el estacionamiento en el camellón y ordene la circulación en cruces aledaños, así como a la entrada de la escuela Centenario del Himno Nacional.

Para colmo, el pasado domingo 31 de mayo, los populistas funcionarios del DF decidieron celebrar su “Ciclotón” por la misma zona y cerraron avenidas cercanas, lo que provocó la desesperación de los conductores y distrajo el trabajo de agentes de la policía. ¿Sería demasiado pedir que, por lo menos en lo que duran las obras, esa “pachanguita bicicletera” se vaya a otro lugar? Para ese efecto serviría el autódromo de la Magdalena Mixhuca, espacio confinado y propiedad del GDF, con una pista de cinco kilómetros, sin paso de automotores y donde los ciclistas pueden practicar su afición, rodeados de áreas verdes y sin necesidad de tantos policías que los cuiden. Tal vez sería demasiado pedir, porque esa idea, aunque práctica, no es tan lucidora en buena parte de la ciudad para nuestro jefe de Gobierno.