Bien haríamos en contemplar la formación de un comité independiente de expertos, similar al que elaboró el Informe Naylor en Canadá  

El 23 de febrero de 2003, una mujer proveniente de Hong Kong aterrizó en Toronto. En su organismo portaba el coronavirus, causante del Síndrome Respiratorio Agudo y Severo (SARS), una enfermedad infecciosa que había emergido en China apenas tres meses antes.

Eso bastó para que la ciudad canadiense se volviera la única zona caliente del SARS fuera de Asia. Aunque la expansión del mal pudo ser contenida, 438 personas resultaron contagiadas. De ellas, 44 fallecieron.

Pasada la crisis, el gobierno canadiense ordenó una investigación independiente sobre cómo se había manejado la epidemia, a fin de extraer lecciones para el control futuro de las enfermedades infecciosas.

Para realizar la pesquisa se formó el Comité Consultivo Nacional sobre el SARS y la Salud Pública, integrado por expertos y encabezado por el doctor David Taylor, actual rector de la Universidad de Toronto.

En octubre de 2003, se publicó el llamado Informe Naylor, que emitió varias recomendaciones al Parlamento, como la creación de una nueva entidad gubernamental entre cuyos objetivos estaría la prevención de epidemias: la Agencia Nacional de Salud Pública de Canadá (PHAC), que comenzó a operar en 2004.

En poco tiempo, la PHAC se ha convertido en una agencia con amplio reconocimiento en Canadá y el resto del mundo.

De ella depende el Laboratorio Nacional de Microbiología (NML), en Winnipeg, institución que rivaliza con el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) de Atlanta por sus investigaciones en virología.

Por ejemplo, el NML logró reconstruir el virus de la llamada influenza española que mató a decenas de millones de personas entre 1918 y 1919, a partir de tejidos de víctimas de esa pandemia, y descubrió en qué consistía su capacidad mortífera. El estudio ha ayudado a entender cómo opera la influenza y por qué llega a provocar pandemias.

En el NML se analizaron en abril pasado las muestras de personas infectadas en México por un virus hasta entonces desconocido y se confirmó que, en 17 casos, se trataba del mismo germen —un virus de influenza tipo A H1N1, de características nunca antes vistas— que había aparecido en el sur de California a finales de marzo.

Un total de 51 muestras tomadas en México llegaron a Winnipeg la noche del 22 de abril, luego de que fueron rechazadas por el CDC de Atlanta, de acuerdo con una fuente gubernamental mexicana que consulté recientemente. La razón del rechazo fue que algunas muestras tenían más de 15 días de haber sido recogidas, lo cual iba en contra de los protocolos de la institución estadunidense.

En Canadá no hubo la misma reticencia. La tarde del jueves 23 de abril, el director científico del NML, Frank Plummer —quien también formó parte del Comité sobre SARS en 2003—, informó al gobierno mexicano de la presencia del nuevo virus en la tercera parte de las muestras recibidas. Esa misma noche se declararía la emergencia sanitaria y el cierre de escuelas en el Distrito Federal y el Estado de México.

Le ofrezco este contexto porque me parece fatuo el debate sobre si el gobierno mexicano exageró en su reacción ante la enfermedad.

Primero, porque el ciclo de expansión del contagio no ha concluido, como parecen evidenciar nuevos casos en Jalisco, Guerrero y otros estados. Segundo, porque un virus nuevo no viene acompañado de un manual para contenerlo. Y tercero, porque no se llega a una conclusión así por medio de la observación circunstancial sino de un análisis más profundo.

Aun así, los críticos del gobierno se han apresurado en encontrarle fallas a la estrategia oficial, mientras que las autoridades se han empeñado en probar que no sobredimensionaron el problema, en un aparente afán de no cargar con la culpa del daño a la economía que inevitablemente dejará la epidemia.

Antes que llegar a conclusiones precipitadas, me quedo con las declaraciones que la infectóloga Allison McGeer, del hospital Mount Sinai de Toronto, hizo hace unos días a la televisión canadiense: Sin la experiencia adquirida por la epidemia de SARS, quizá los casos de contagio de la influenza humana en México se habrían detectado mucho más tarde, pues buena parte de los protocolos internacionales, e incluso el famoso sistema de alertas de la OMS, fueron revisados a raíz del surgimiento de aquella enfermedad.

Este episodio nos obliga a ver hacia atrás, aprender las lecciones y planear para el futuro. Sin duda son cosas más útiles que la feria de acusaciones y desconfianzas que suele darse en nuestra vida pública.

Por eso, bien haríamos en contemplar la formación de un comité independiente de expertos, similar al que elaboró el Informe Naylor en Canadá, para revisar lo que se hizo, cómo se hizo y lo que se dejó de hacer a raíz del surgimiento de la influenza.

Asimismo, atender una falla de la que ya podemos hablar sin riesgo de precipitación: la carencia en México de un centro avanzado de investigación sobre enfermedades infecciosas que cuente con un laboratorio con alto nivel de bioseguridad, capaz de analizar muestras en corto tiempo y con un elevado grado de precisión.

En Estados Unidos se supo en dos semanas que los casos de influenza del sur de California eran provocados por un nuevo virus, gracias a que las muestras fueron analizadas en laboratorios especializados de Atlanta y San Diego.

En México nos tomó tres semanas alcanzar la misma certeza, principalmente por la necesidad de mandar las muestras al extranjero. Según la última cuenta, para cuando se decretó la emergencia había 28 muertes asociadas a la influenza; siete días antes, solamente nueve.

Ahí se ve lo útil que puede ser una semana para organizar la respuesta a una epidemia. En algunos casos, significa la diferencia entre la vida y la muerte, y entre la firmeza y el colapso de la economía.