En siete meses, las autoridades de policiacas federales arraigaron a mil 432 presuntos delincuentes, de los cuales 984 ya fueron consignados y 145 quedaron en libertad con reservas de ley, informó el presidente Felipe Calderón al Senado, a quien precisó que el gobierno federal todavía no concreta el anunciado golpe financiero al narcotráfico, pues aun no aplica la Ley de Extinción de Dominio.

El Presidente de la República envió al Senado las respuestas que dio a las 50 preguntas parlamentarias formuladas por los seis grupos que integran esta instancia legislativa y ahí admite que las autoridades federales carecen de la información puntual sobre el número de extorsiones telefónicas que realizan los presos desde los penales federales, como tampoco el porcentaje de reincidencia delictiva, pues los sistema de registro aun están en construcción.

Anunció a los senadores que su gobierno impulsa el Registro Nacional de Quejas por posibles hechos de Tortura en los distintos fueros y reiteró la decisión oficial de sacar paulatinamente al Ejército de las calles del país, en función de mejorar el perfil profesional de las corporaciones policiacas.

Interrogado por los panistas, encabezados por Gustavo Madero, sobre sus compromisos para mejorar el respeto a los derechos humanos, el Presidente de la República explicó que una de las prioridades es fomentar el respeto a las garantías individuales por parte de los militares.

De igual forma, “impulsar la sustitución progresiva y verificable de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública, particularmente las referentes a la actuación policiaca; garantizar que el uso de la fuerza sólo será empleado como último recursos y con estricto apego a las normas internacionales de proporcionalidad y necesidad en función de la amenaza existente”.

También impulsar una reforma que garantice en materia de procuración de justicia militar, el fortalecimiento de los órganos ministeriales y defensoría de oficio, así como integrar una red de atención integral a víctimas del delito a nivel nacional.

Informa a los senadores que en el último año se lograron 16 mil 94 sentencias condenatorias, 46 por ciento de ellas se refieren a delitos contra la salud y 40 por ciento a delitos relacionados con la ley de armas de fuego y explosivos.

De las sentencias relacionadas con delitos contra la salud, 18 fueron por producción, 273 por transporte, 33 por tráfico, mil 256 por comercio, 96 por suministro, cinco mil 626 por posesión y 145 por “otros”.

Es a los perredistas comandados por Carlos Navarrete a quienes les desglosa la situación de los arraigos.

“Las solicitudes de arraigo se sustentan en elementos de la averiguación previa que no sólo consisten en declaraciones de testigos colaboradores o información anónima, sino en indicios suficientes que robustecen la motivación de la solicitud, los cuales son necesarios para que los órganos jurisdiccionales libren las órdenes relativas.

“En el periodo se registran 370 solicitudes de arraigo otorgadas por el Poder Judicial de la Federación, de 381 solicitudes enviadas (97% por ciento de las solicitudes de arraigo enviadas fueron otorgadas). De las mil 432 personas que fueron arraigadas, 984 fueron consignadas; 145 fueron puestas en libertad con reservas de ley en averiguación previa; 303 se encuentran sujetas a le medida cautelar de arraigo a la fecha de corte.

“Lo anterior muestra que el 68.7% de las personas sujetas a la medida cautelar de arraigo culminan en consignaciones ante el Poder Judicial de la Federación y en el inicio del proceso penal respectivo, y sólo en 10 por ciento de los casos se decretó la libertad con reservas de ley. Es decir, de cada 10 personas que son arraigadas, siete son consignadas, una puesta en libertad y dos siguen sujetas a la medida cautelar de arraigo”, dice.

Y a los priistas de Manlio Fabio Beltrones les admite que su gobierno todavía no hace uso de la Ley de Extinción de Dominio, porque el Ministerio Público Federal “debe agotar en la mayoría de los casos el procedimiento de declaratoria de abandono, como presupuesto procesal para proceder a ejercitar la acción de extinción de dominio.

“Además, se está en el proceso de identificar averiguaciones previas en las que existan bienes o recursos que puedan ser objeto de la acción de extinción de dominio. Lo anterior, sin poner en riesgo la reserva de la información relativa a la identificación de los probables responsables y su detención, especialmente en investigaciones en materia de delincuencia organizada”.

bbg