La oficina central de Interpol clasificó a la mexicana Lucía Andrea Morett Álvarez, de manera oficial, como una fugitiva.

Entre los 178 países miembros de este organismo se ha distribuido una notificación roja para que se le localice y retenga de manera provisional, para su posterior extradición.

La orden se sustenta en la información ministerial que proporcionó el gobierno de Colombia, donde se establece que la estudiante de filosofía es presunta responsable de participar en crímenes transnacionales, delincuencia organizada y terrorismo.

Con el cumplimiento de la “notificación roja” se espera que Morett Álvarez sea puesta a disposición del Juzgado 32 Penal Municipal, con sede en la ciudad de Bogota, donde podría enfrentar un proceso penal.

Informes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) establecen que la mexicana, de 28 años, presuntamente mantiene nexos con el grupo armado autodenominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Los primeros informes de Morett Álvarez se obtuvieron el 1 de marzo de 2008, luego de que fuera bombardeado un campamento de las FARC establecido en territorio ecuatoriano.

En esa operación militar fue abatida una veintena de personas y el segundo mando operativo de las FARC, Luis Édgar Devia Silva, quien era conocido con el indicativo de Raúl Reyes.

La joven mexicana y dos colombianas fueron las únicas sobrevivientes conocidas de la incursión militar denominada Operación Fénix.

“En dicha operación se encontraron equipos de cómputo, en los cuales se encontró información que compromete a Lucía Morett Álvarez, alias Ana, como integrante de la Comisión Internacional de esta estructura terrorista”, detallan los informes colombianos.

Tras 15 meses de investigaciones, el gobierno de Álvaro Uribe solicitó el apoyo de Interpol, con base en la orden de captura número 0011 otorgada por el Juez 32 Penal Municipal, el pasado 1 de julio.

El gobierno de Nicaragua prestó atención médica a Morett Álvarez, quien regresó a nuestro país, tras su recuperación, en diciembre de 2008; al considerarla como una luchadora social, el Partido del Trabajo la postuló como candidata a una diputación federal por mayoría relativa.

En caso de que fuera elegida podría haber obtenido el fuero constitucional que la protegería, durante tres años, de cualquier orden judicial o ministerial en su contra; sin embargo, los registros preliminares del proceso electoral realizado el domingo pasado señalan que no podría ocupar dicho cargo público.

Hugo Cristian Rojas, representante de Morett Álvarez, consideró que Interpol violó sus propios estatutos al publicar la “notificación roja” en un caso ligado con un conflicto político diplomático.

“En este caso se violó la garantía de audiencia deMorett, ya que se realizó la instrucción en su contra sin que se emitiera alguna notificación, sin que se respetara esa garantía constitucional.

“Además, Interpol viola su propio estatuto, en el artículo tercero se señala que dicha corporación internacional no podrá intervenir en cuestiones políticas, raciales o religiosas y este es un asunto meramente político.

“Esta es otra expresión de que se trata de una persecución política, ya que no existe ni una sola prueba; en el foro que se realizó en la Cámara de Diputados sobre el tema, señalé que yo emplazaba a cualquier abogado a que me diera una prueba contra Morett.”